M. Martínez Euklidiadas
En España, la vivienda social apenas ocupa una pequeña fracción del parque de viviendas. Supone solo el 2,5% respecto a las primeras viviendas (la media EU-28 es de 9,3%) y tan solo hay 0,9 viviendas sociales por cada 100 personas (la media EU-28 es de 3,8). ¿Cómo es la vivienda social española respecto a la de nuestros vecinos europeos? ¿En qué podemos mejorar?
La vivienda social, también llamada vivienda pública, es un tipo de inmueble orientado a facilitar el acceso a la vivienda.
En algunos países esta vivienda es propiedad del gobierno, ya sea estatal, regional o municipal, y este gobierno será el encargado de gestionar este bien y de asignarlo a los colectivos que estime vulnerables, con el objetivo de facilitar un acceso a la vivienda que de otro modo no podría darse.
En otros casos la vivienda social es simplemente un inmueble en propiedad atado a máximos en su precio de alquiler, de forma que sea accesible para cualquier persona, sin estar ligada en ningún momento a propiedad gubernamental.
Dentro de la vivienda social existe un gran abanico de políticas según el país, siendo raro que dos países coincidan exactamente no solo el modelo elegido, sino en la propia definición de vivienda social, como se verá más abajo. De hecho, es frecuente que un mismo país opte por mantener activos varios sistemas en paralelo. Por ejemplo, en España la vivienda protegida (VP) es un tipo de vivienda social, pero incluso dentro de ella hay enormes variaciones:
Construir viviendas VPO que en 30 años pasarán a ser titularidad de sus actuales habitantes o herederos, sin que estos puedan intercambiar dichos bienes en el libre mercado hasta entonces; combinado con terrenos de titularidad municipal con alquiler accesible sin que los ocupantes tengan derecho a su posesión; combinado a su vez con viviendas de alquiler accesible con derecho a compra.
Si bien el objetivo final suele ser el de proveer una vivienda económica, existen muchas formas de satisfacer este objetivo. Algunas buscan impactos largoplacistas a través de las generaciones (como es el caso de las VPO) mientras que otras persiguen una solución más inmediata y más estable.
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Dentro del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure [...] la vivienda”, entre otras comodidades básicas. Un derecho similar se recoge en nuestra Constitución en su Artículo 47 con el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Sin embargo, esto no siempre se cumple.
El INE informó en 2012 que la cifra de personas sin hogar rondaba los 23.000 ciudadanos. Según organizaciones como Cáritas, Faciam, XaPSLL y besteBI, en España cerca de 40.000 personas carecían de hogar a finales de 2019. Por desgracia, los mecanismos de la red de alojamiento —servicios de atención a personas sin hogar— apenas son capaces de alojar a la mitad (INE, 2006-2018).
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Con respecto a la COVID-19, Caritas confirmó a finales de 2020 que la pandemia había disparado la demanda de estas plazas un 25%. Por supuesto, estos albergues no sustituyen a un servicio habitacional en el que crear un futuro y disponer de un hogar, sino simplemente de un refugio temporal donde guarecerse unas noches. Aunque este es solo parte del problema.
Las personas sin hogar son la parte más visible y dramática del problema de acceso a la vivienda en España. Aunque menos urgente, detrás de este fragmentado colectivo desfavorecido hay muchos otros. Un ejemplo frecuente en los medios es el difícil acceso de la juventud al mercado de la vivienda. Los jóvenes sueñan con comprarse una casa, pero rara vez lo logran.
Desde Sociedad de Tasación reconocían a comienzos de 2020 que el principal problema que amenaza al desarrollo del sector inmobiliario, una situación que se mantiene a principios de 2021: incluso los jóvenes solventes con trabajos estables tienen problemas de acceso a la vivienda al carecer de ahorros. Estamos a la cola de Europa en emancipación, algo que se entiende al leer los siguientes apartados.